En estos días, en los que parece que hemos descendido un nuevo
escalón en la imaginaria escalera que nos lleva al desastre económico,
con la confirmación de la entrada en recesión, el incremento de la prima
de riesgo y el consecuente encarecimiento del coste de la deuda pública
emitida por el Estado, se han presentado en el Congreso los
Presupuestos Generales del Estado. A su vez, el Gobierno ha aprobado
reformas en educación y sanidad que suponen una reducción adicional de
los recursos destinados a esas áreas de gasto social por importe de
10.000 millones de euros.
Los presupuestos presentados han
recibido múltiples epítetos, a los que podría añadir uno más,
calificándolos como los presupuestos del hambre. Hambre para hoy a
cambio de algo mejor, pero indeterminado, para mañana. Y es que, con
indiferencia de la posible efectividad en la consecución de los
objetivos de déficit, lo que auguran los mismos es un deterioro
generalizado de la coyuntura económica y, lo que es más importante, de
los servicios sociales que financiamos los ciudadanos a través de los
impuestos.
Ante este panorama, cabe preguntarse si esta es
la única opción posible para reconducir la situación económica,
recuperar la actividad y, lo que es más importante, reducir la tasa de
desempleo que, aparentemente, es la mayor preocupación de la ciudadanía.
Pregunta a la cual sólo puede darse una respuesta negativa, tanto si
nos fijamos en la posición de los partidos políticos como si atendemos a
la ausencia de debate social de los mismos.
A nivel
político, el proceso de discusión en el Parlamento ha sido un ejemplo
más de prepotencia por parte de un Gobierno y un partido que se saben
conocedores del poder indiscutible que supone disponer de una mayoría
absoluta y que se han limitado a cumplir con el trámite de oír, sin
escuchar, al resto de grupos representados en la Cámara. Aunque todos
los partidos, con excepción del que sostiene al Gobierno, han presentado
enmiendas a la totalidad, al considerar que los presupuestos no
contribuyen a la recuperación económica sino que se van a convertir en
un lastre adicional a la misma, los presupuestos se han mantenido.
A
nivel social los presupuestos no han tenido ningún recorrido, ya que no
se ha tenido en cuenta las opiniones de las organizaciones sociales
que vertebran la sociedad civil, ni las voces de protesta que se alzan
en la calle reclamando el mantenimiento de los servicios sociales y la
puesta en marcha de políticas que incidan en la imposición de aquellos
sectores económicos cuya contribución a los ingresos del Estado es nula o
muy reducida.
Esta ausencia de participación de la
ciudadanía es un tónica generalmente aceptada en nuestra democracia y,
de alguna forma, refleja la falta de madurez de la misma. Dejar fuera
del proceso de decisión a la ciudadanía se justifica a través de la idea
de que todos podemos estar representados a través de los partidos y, en
menor medida, por la complejidad que supondría gestionar esa
participación en la elaboración de los presupuestos generales. Ambos
argumentos no dejan de ser excusas de mal pagador, ya que la
representación a través de los partidos políticos no tiene ninguna
relevancia cuando un partido dispone de mayoría absoluta, y porque ya
existen mecanismos de participación ciudadana en la elaboración de
presupuestos que podrían ser potenciados si existiera una voluntad real
de hacerlo. En este sentido, los presupuestos participativos que, a
nivel local, han empezado a implantar algunos Ayuntamientos de nuestro
país podrían ser la referencia de futuros modelos de participación
ciudadana a nivel nacional.
Posiblemente es necesario
apelar a la responsabilidad de los ciudadanos para admitir ciertas
reformas pero, de la misma forma, también es necesario apelar a la
responsabilidad del poder político para articular formas de
participación de los ciudadanos en las decisiones que comprometen su
bienestar presente y futuro. Promover, a nivel local, la implantación de
presupuestos participativos, puede ser el primer paso en esta
dirección.
Luis A. Bermejo
Economista y miembro de Attac Murcia
La Opinión de Murcia
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